El 2 de abril del 2020 la legislatura mendocina aprobaba con fuerza de ley la “emergencia sanitaria, social, administrativa, económica y financiera”1. La pandemia COVID19 estaba empezando y el Poder Ejecutivo solicitaba a la legislatura superpoderes para enfrentar lo desconocido. Entre las numerosas facultades autorizadas por el Poder Legislativo se encontraban las de “Reasignar partidas presupuestarias de erogaciones de bienes de capital, y bienes corrientes, ya sea entre sí, o dentro de cada una de ellas, sin limitación alguna” y “de hacer uso del crédito hasta el equivalente al 10% (diez por ciento) del votado para el ejercicio 2020 según Ley Nro. 9219”. Esta última se traduce en el permiso de endeudarse en $19.000 millones. Todo en aras de “actuar de manera dinámica y ejecutiva ante los enormes desafíos que esta situación sanitaria genera, no solo en materia de salud, sino sus efectos en lo social y económico”2. Ahora bien, habiendo transcurrido más de un año de aquella solicitud y teniendo la contabilidad del 2020 cerrada es que nos preguntamos ¿Para qué usó el Poder Ejecutivo estos superpoderes?
Ver informe completo: Mendoza, la provincia que menos invirtió en la pandemia.
CIEC 
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