Diversos estudios muestran la importancia de la infraestructura educativa para garantizar a les niñes el derecho a la educación y a les docentes el derecho a trabajar en condiciones dignas. Recordemos que en nuestro país ha habido casos de trabajadores de la educación que han perdido su vida por las pésimas condiciones edilicias que deben enfrentar día a día.
Las condiciones materiales de las escuelas influyen positivamente en la motivación de les estudiantes, en la mejora de sus prácticas de higiene y de salud, incrementa su sensación de seguridad y sus niveles de asistencia, lo que en conjunto repercute en un mejor logro académico. Además, las buenas condiciones escolares fortalecen la satisfacción laboral de docentes y directivos y propician el desarrollo de mejores procesos de enseñanza-aprendizaje. Según Cervini (2003) los recursos escolares explican una parte significativa de las desigualdades en el aprendizaje que no es explicada por el origen social del alumno ni por la composición social de la escuela.
En diversos informes, desde el CIEC hemos buscado visibilizar las subejecuciones del presupuesto destinado a infraestructura que viene haciendo el gobierno provincial desde hace varios años y que, junto con la caída del salario real de les docentes, contribuye al deterioro paulatino de la calidad educativa de la provincia.
Durante el 2020 las instalaciones de los edificios escolares no se utilizaron para el dictado de clases y fueron escasos los fondos que se destinaron para el mantenimiento de los mismos. Sumado a esto, muchos de los establecimientos también sufrieron hechos de vandalismo que empeoraron la situación de la infraestructura escolar.
En este contexto de pandemia, contar con la infraestructura escolar adecuada resulta aún más importante para garantizar la vuelta a las clases presenciales con todos los recaudos sanitarios necesarios. En este sentido, para empezar, planteamos algunas problemáticas relacionadas a las condiciones en las que se da la vuelta a la presencialidad y luego realizamos un análisis comparado de la inversión en infraestructura educativa de algunas provincias del país.
El primer punto que cabe destacar es que la nueva modalidad consta de una alternancia entre la virtualidad y la presencialidad. Esta modalidad trae aparejada la doble carga laboral que implica para les docentes preparar clases y tareas presenciales y virtuales en simultáneo para las distintas burbujas de estudiantes que tienen a su cargo, sin que este mayor esfuerzo se vea al menos recompensado en su salario. A su vez, conlleva a que los problemas que enfrentan docentes y estudiantes con una u otra forma de llevar adelante el proceso educativo, se potencien. Es decir, para garantizar la bimodalidad deben resolverse las dificultades asociadas a la virtualidad (acceso a la conectividad, dispositivos, sobrecarga horaria, etc.) y también las relacionadas a la presencialidad (aulas en condiciones, calefacción, mobiliario, insumos, etc.).
Una de las dificultades de la virtualidad son las brechas digitales. Como mencionamos en nuestro informe “La dificultad de educar en confinamiento”, al comienzo del ASPO el 29% de les docentes no poseía computadora y otro 17% tenía computadora, pero compartida y con poca disponibilidad. Alrededor del 45% no utilizaban Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) para la realización de tareas educativas, y un 23% de la población que asistía a establecimientos educativos tampoco las utilizaba para este fin. Asimismo, el 59% de les docentes también manifestó no poseer conexión adecuada ya sea mediante wi-fi o datos móviles, porcentaje que se eleva a 75% en zonas rurales y 77% en barrios populares o asentamientos.
En lo que respecta a la presencialidad, podemos enumerar una serie de problemas que, si bien existían antes de la pandemia, en el contexto actual toman una relevancia mayor.
En primer lugar, podemos mencionar que el 39% de los establecimientos de la provincia no cuenta con acceso al transporte público. Además, quienes sí tienen acceso deberán exponerse a una mayor probabilidad de contraer coronavirus.
En segundo lugar, el 36% de las escuelas no tiene acceso a gas de red y, a su vez, el 76% se encuentra en zona de bajas temperaturas, lo que implica que para poder garantizar la ventilación de los espacios durante el invierno será necesario contar con equipos de calefacción adecuados.
En tercer lugar, el 13% de las escuelas no tiene acceso a la red de agua potable y, según el Censo Nacional de Infraestructura Escolar Urbana del año 2014, en Mendoza el 4,3% de los predios se ubican en zonas con napas contaminadas. Un caso que refleja la gravedad de este problema es la escuela Fray Cayetano Rodríguez[1]. La misma se encuentra en las cercanías del Complejo Industrial de YPF en el departamento de Luján de Cuyo, donde hace años clausuraron surtidores, bebedores y cualquier acceso a agua de pozo, por lo cual el agua que se consume la traslada YPF en camiones. Habitantes de la zona denunciaron casos de leucemia producidos por la contaminación ambiental de las napas freáticas. Hasta el momento se han podido certificar diez casos de leucemia aguda entre les habitantes de la zona. La mayoría son niñes y con un pronóstico de gravedad irreversible. En cuarto lugar, según el censo 2014 sólo 21,9% de las unidades urbanas relevadas contaban con rampas y el 14,3% tenían sanitarios para discapacitados. Además, menos del 1% cumplía con las señalizaciones y texturas adecuadas para personas ciegas o sordas. Esto deja en evidencia los problemas de accesibilidad de los edificios para garantizar la inclusión educativa, es decir, la posibilidad de que las personas puedan utilizar un edificio, instalaciones y recursos sin ningún tipo de barreras.
[1] Para mayores detalles, véase Piden investigar si la contaminación generó problemas de salud.