Una vez más la crisis financiera de la Obra Social de Empleades Públiques de Mendoza (OSEP) alcanzó un nivel tal que adquirió estado público. El día 10 de diciembre la Cámara de Farmacias de Mendoza y el Colegio Farmacéutico de Mendoza envió una carta documento al Director de OSEP, Carlos Funes, intimándolo a pagar en un plazo de tres días hábiles lo adeudado por el consumo de medicamentos de les afiliades durante la segunda quincena de agosto, todo el mes de septiembre y la primera quincena de octubre. Caso contrario, dejarían de recibir recetas de OSEP a partir del 15 de diciembre.
Esta situación puso en riesgo no solamente la salud de les afiliades, sino la de todes les mendocines. OSEP tiene 400 mil afiliades, es decir que en la provincia una de cada cinco personas tiene dicha obra social. Por lo tanto, los problemas financieros de OSEP se traducen directamente en riesgos para todo el sistema sanitario. Si no paga a sus proveedores podría generar una ruptura en la cadena de pagos y numerosas quiebras de prestadores de salud. A su vez, la interrupción de ciertas prestaciones podría causar una saturación en el resto del sistema de atención médica.
Ante este posible colapso el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) elevó una nota al Director de OSEP a los fines de comunicarle que el sindicato iba a denunciarlo penalmente en caso de que no se concretaran los pagos adeudados. Para alivio de todes, el Gobierno llegó a un acuerdo con los proveedores y la medida de fuerza no llegó a ser implementada.
Sin embargo, los desequilibrios financieros de la obra social lejos están de ser resueltos. Es por ello que en este informe nos proponemos analizar sucintamente las cuentas de OSEP, utilizando la escasa información que se encuentra publicada gracias a la Ley de Responsabilidad Fiscal.