EL CRITERIO VARIA, EL AJUSTE SE MANTIENE

En el contexto de las paritarias docentes y a partir de la campaña lanzada por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) #MásParaEducación el 5 de febrero, se ha puesto en agenda una discusión sobre la educación provincial, particularmente en lo referido a los fondos públicos que el gobierno destina a este rubro.
Quienes escribimos este informe saludamos la preocupación por este tema tan relevante y apoyamos que puedan leerse las diferentes posturas sobre el mismo.
Ahora bien, si bien era esperable encontrar diferentes posturas y argumentos por parte del sindicato y del gobierno, nos ha llamado poderosamente la atención la diferencia a la hora de definir qué porcentaje de los gastos del gobierno provincial son destinados a la educación.
En el informe “La Educación en el Presupuesto Provincial”, en el cual se basó el SUTE, mostramos que la provincia ha previsto destinar un 20,1% de sus erogaciones a la educación este año cuando en 2015 dicho porcentaje llegaba al 25,2%; por su parte, el Director General de Escuelas Jaime Correas sostiene que el porcentaje para 2018 llega al 33% y que por ello “es insólito que se diga que ha habido un recorte”.
Por otra parte, el día 14 de febrero MDZ publicó una nota con el sugestivo título de “La verdad sobre la inversión del gobierno en educación”. Allí se afirma que “el gasto educativo de este año representará el 24,1 por ciento de los gastos totales de la Provincia” y que dependiendo del criterio utilizado, decir que la provincia destinará un 33% de sus gastos totales a educación no sería incorrecto. La nota dice trabajar con cifras oficiales, y si bien no cita la fuente de esos datos, sí explica los criterios mediante los cuales se llegaría al 24,1% y al 33% difundido por el gobierno. Además de que consideramos inapropiado el intento de presentar esta información como “la verdad”, mostraremos que los criterios utilizados para llegar a esas cifras son sumamente arbitrarios y carentes de rigor. Asimismo, veremos que aún utilizando los criterios propuestos por el gobierno para los años 2015, 2016, 2017 y 2018 lo invertido en educación viene cayendo precipitadamente, manteniéndose el recorte en todos los escenarios posibles.
Por último, y antes de pasar al análisis técnico propuesto, cabe un sencillo ejercicio para comprobar el ajuste. El presupuesto 2018 contempla $19.780 millones para educación, mientras que en el 2017 se destinaron $17.850 millones. Esto quiere decir que este año se proyecta invertir sólo un 11% más, en un contexto en el que el mismo gobierno proyecta un 15,7% de inflación y las estimaciones de consultoras privadas rondan el 20%. En este marco, el intento de imponer que el gobierno “gastará el 33%” de sus recursos en este rubro parece más bien una maniobra mediática para ocultar el desfinanciamiento educativo que un intento por mejorar las problemáticas existentes en el sector. Es válido recordar que el sistema educativo actual está basado en salarios de miseria y se desarrolla en escuelas con enormes problemas edilicios. Más allá del número porcentual que se quiera imponer, es indiscutible que el monto destinado es insuficiente. Esto surge a partir de considerar a la educación como un gasto, palabra utilizada por excelencia en el discurso oficial, y no como una inversión.

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